Por decreto, el Gobierno obliga a las universidades a reformar la rendición de gastos y la facturación y prohíbe los contratos directosCon tres decretos y un DNU, ordenó que la facturación de bienes y servicios se realice mediante plataformas que dependen del Ejecutivo. La medida involucra a las 62 casas de altos estudios, pero el foco está en la UBA. Si no cumplen, podrían limitar las transferencias de fondos públicos
Después de un tiempo de tregua, el gobierno de Javier Milei retomó una de las batallas políticas que marcaron este 2024: la discusión por la auditoría de los gastos de las universidades, principalmente los de la UBA. Tres ministerios redactaron una batería de decretos con el objetivo de reformar el actual sistema de gestión económica y financiera de esas casas de altos estudios y, también, prohibir la firma de convenios y acuerdos directos, sin licitación ni compulsa de precios.