Días después de dar a conocer que 331 prófugos de la Justicia en todo el país son beneficiarios de una pensión -14 de los cuales fueron capturados en un solo operativo–, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) realizó un cruce de datos con el Servicio Penitenciario Federal que dio como resultado que 212 titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral se encuentran en situaciones judiciales (preso, procesado y condenado) que son incompatibles para poder recibir el beneficio.